Sentencia anulando el catastrazo del municipio de Algeciras

Ayuntamiento de AlgecirasEn fecha de 23 de septiembre de 2013 se dictó por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Sevilla, Sentencia por la que declaraba nula la Resolución de 29 de septiembre de 2011 del TEARA por ser contrario al Ordenamiento Jurídico la determinación de los valores catastrales para la liquidación del Impuesto de Bienes Inmuebles de las propiedades de sitas en Algeciras.

Así, estimaba en su integridad el recurso interpuesto por el Letrado don Antonio Viñas de Roa frente al denominado coloquialmente “catastrazo”, por el cual se revisaba muy al alza los valores catastrales de los inmuebles sitos en Algeciras.

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Antonio Viñas, incluido en el elenco del Tribunal Interdiocesano de la Archidiocesis de Sevilla

Antonio Viñas de Roa

Antonio Viñas de Roa, abogado especialista en proceso matrimonial canónico y director de Viñas de Roa Abogados,  ha sido incluido en el elenco del Tribunal Interdiocesano de la Archidiocesis de Sevilla como abogado especialista en procesos de nulidad canónica y otros como la separación matrimonial canónica.

El Derecho canónico es una ciencia jurídica que conforma una rama dentro del Derecho cuya finalidad es estudiar y desarrollar la regulación jurídica de la

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La custodia compartida la establecerá el juez si la solicita, al menos, uno de los progenitores

Derecho de familia

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado por unanimidad el informe al Anteproyecto de Ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en casos de nulidad, separación y divorcio.

El informe valora de manera positiva la relevancia que el anteproyecto confiere a la mediación en el Derecho de familia, al regular con mayor detalle la labor mediadora en supuestos de crisis matrimonial y, en general, en los diferentes conflictos que puedan suscitarse en el ámbito familiar.

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El gobierno ultima un nuevo Código Penal más eficaz contra la corrupción

Alberto Ruiz Gallardón, Ministro de Justicia

Alberto Ruiz Gallardón, Ministro de Justicia

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, arranca el curso político ultimando la ley que reforma un Código Penal que pone el acento en la lucha contra la corrupción y que presentará en las “próximas semanas” ante el Consejo de Ministros. El Ministerio de Justicia estudia ahora las modificaciones planteadas desde el Consejo de Estado antes de llevar el texto “definitivo” al Consejo de Ministros, el cual ya tuvo oportunidad de analizar un primer anteproyecto el pasado mes de octubre. Este será uno de los primeros articulados que presente Gallardón en la vuelta de las vacaciones después de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy diera prioridad a la reforma del Código Penal frente a la anunciada revisión de la Ley del Aborto, que, en todo caso, se aprobará antes de que finalice el año.

Según fuentes del departamento, el texto no tipifica como delito la financiación ilegal de los partidos, pero sí acomete una revisión técnica de la regulación del comiso y delimita de forma más clara los tipos relacionados con delitos de corrupción, como la malversación, la administración desleal o la insolvencia en aras de su mayor aplicación. Por ejemplo, el texto propuesto simplifica el delito de cohecho para “incrementar su eficacia como instrumento de lucha contra la corrupción”.

Así, se sanciona la aceptación, recepción o solicitud de la dádiva o el soborno sin vincularlo al acto que realiza después el funcionario. Hasta ahora, se debía acreditar la conexión entre el soborno y la actuación del empleado público. Perjuicio para los acreedores Un nuevo capítulo, denominado ‘Frustración de la ejecución’, castigará con penas de uno a cuatro años de cárcel a quien oculte bienes durante un procedimiento judicial, disponga de su patrimonio o contraiga obligaciones con el fin de dificultar o impedir el embargo o las medidas cautelares adoptadas por el juez, eludiendo así el pago de la responsabilidad civil derivada del delito imputado. En este sentido, se impone cárcel o multa a quien presente una relación de bienes o de patrimonio “incompleta o mendaz” para evitar satisfacer a sus acreedores, según contempla el anteproyecto enviado al Consejo de Estado recogido por Europa Press.

Otras figuras también sancionan la falta de diligencia en las gestiones realizadas en un contexto de crisis económica poniendo en peligro los intereses de los acreedores y asumiendo un “riesgo no permitido”. Recae así una pena de uno a cuatro años de cárcel para el deudor que, en situación de insolvencia “actual o inminente”, impida conocer al acreedor su verdadera situación económica o haga mermar indebidamente el patrimonio, que es garantía del cumplimiento de las obligaciones.

Entre otros actos, se castiga la asunción de deudas o la transferencia de dinero que no guarde proporción con la situación patrimonial del deudor ni con sus ingresos, y que “carezca de justificación económica o empresarial”. La doble contabilidad, la alteración de los libros contables o la formulación de cuentas que impida conocer la situación real del deudor también tiene su respuesta penal.

La reforma introduce una nueva tipificación de la malversación como un supuesto de administración desleal de fondos públicos que cause un perjuicio para el patrimonio público. Además castiga como administración desleal a quien “quebrante su deber de lealtad” como administrador o abusa de sus funciones realizando actuaciones para las que no había sido autorizado. Finalmente, se amplía el comiso para extenderlo a los bienes de terceras personas a las que hayan podido ser transferidos los bienes y regulando el comiso sin sentencia de condena en los casos donde no sea posible el enjuiciamiento del acusado durante un período de tiempo “muy prolongado” –normalmente porque ha huido– y existe un peligro evidente de que puedan prescribir los hechos de los que esos bienes o efectos proceden.

Fuente: ElDerecho.com

El Gobierno aprueba la reforma de la Administración Local

Urbanismo

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión de las Cortes del Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que responde al principio de “Una administración, una competencia”, y supondrá un ahorro estimado de más de 8.000 millones de euros entre los años 2013 y 2015.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha afirmado que la reforma de la administración local, que fue presentada el pasado 15 de febrero, “es una reforma promunicipalista”, que pretende situar a las corporaciones locales en el lugar que se merecen y que “históricamente no se les ha dado”.

La reforma supone el reordenamiento del entramado institucional del Estado de las autonomías. “Estamos delimitando correctamente lo que tienen que hacer las administraciones locales y clarificando cuál es la competencia que establecen los estatutos de autonomías de las comunidades autónomas y la propia actividad y competencia de la Administración General del Estado”, ha dicho Montoro.

El ministro ha explicado que el proyecto de Ley ordena las actividades del sector público y racionaliza la oferta de servicios. En este sentido, define las actividades que deben realizar las administraciones públicas sin que ello impida que puedan realizar otras “siempre y cuando sean sostenibles en términos presupuestarios y financieros”.

Cristóbal Montoro ha resaltado que se refuerza el papel de las diputaciones provinciales, que podrán coordinar determinados servicios. Los ayuntamientos estarán obligados a publicar lo que cuesta cada servicio público y a decidir si se mancomunan o concentran servicios en la diputación si ésta los puede asumir “en mejores condiciones y a costes efectivos más bajos”.
Así, ha destacado que la reforma sustituye el concepto de coste estándar por el de coste real, lo que permitirá asignar las competencias para la prestación de los servicios a la administración que resulte más eficaz.

Además se incentivará la fusión voluntaria de municipios. En este sentido, el ministro ha anunciado que los servicios de los municipios fusionados recibirán “un mayor apoyo financiero del Estado para favorecer la fusión y evitar la dispersión administrativa que en demasiadas ocasiones es muy costosa”.

Montoro ha recordado que la norma limita la retribución de los cargos políticos y equipara los salarios de los funcionarios que realizan actividades muy similares. “Estamos impulsando esta reforma para seguir ahorrando costes en la oferta de servicios públicos a los ciudadanos y promover la actividad económica”, ha dicho.

El ministro ha añadido que el Gobierno está abierto “a la máxima coincidencia con los grupos políticos” para que el proyecto nazca con el mayor apoyo posible.

Fuente: ElDerecho.com