Guía práctica de aplicación de la declaración responsable y la comunicación previa en urbanismo

El pronóstico económico realizado a principios de este año (que señala hacia un claro deterioro de los indicadores tanto macroeconómicos como sectoriales y de empleo más allá de lo observado en 2019), agravado por la crisis sin precedentes ocasionada por la expansión del COVID-19, han provocado en el ejecutivo andaluz la necesidad de dictar el Decreto Ley 2/2020, de 12 de marzo, para adoptar una serie de medidas de carácter extraordinario y urgente destinadas a mejorar la regulación económica, potenciar la actividad en Andalucía, contrarrestar la desaceleración económica y sentar las bases que permitan reorientar el modelo productivo andaluz para hacerlo más competitivo y sostenible.

Por lo que aquí nos interesa, en su art. 6 se revisan los procedimientos de intervención administrativa en los actos de edificación al objeto de eliminar cargas innecesarias o desproporcionadas para el desarrollo de las actividades económicas, priorizando los mecanismos de declaración responsable y comunicación previa en aquellas actuaciones que, por su alcance y naturaleza, no tienen un impacto susceptible de control a través de la técnica autorizatoria, en la certeza de que con ello se produce una ganancia de competitividad y productividad que favorece la creación de empleo en los sectores implicados y una mejora de la eficiencia en la administración pública que interviene en estos procesos.

La normativa básica que disciplina las declaraciones responsables y las comunicaciones contenida en la legislación del procedimiento administrativo común es insuficiente para ofrecer seguridad jurídica a los operadores, que se encuentran con regulaciones e interpretaciones muy dispares en los aspectos esenciales de estas figuras. De este modo, el cambio legislativo operado, junto a las escasas referencias contenidas en la propia legislación básica aconsejan la confección de una Guía con un propósito y valor meramente orientativo, que sirva para delimitar el ámbito de aplicación y efectos de los supuestos en los que se ha suprimido la obligación de un previo acto administrativo habilitante para llevar a cabo una actuación urbanística; que acometa un desglose de las actuaciones declaradas o comunicadas; posible documentación a incorporar a aquellas manifestaciones, y disipe las potenciales dudas y posibles incertidumbres que se plantean en orden a su aplicación práctica.

Medidas mercantiles y societarias ante las crisis del Covid-19

La alerta sanitaria mundial provocada por la expansión del nuevo coronavirus denominado SARS-CoV-2, que causa la enfermedad COVID-19, está planteando grandes retos a las empresas. Gobiernos de todo el mundo están afrontando la situación con la aprobación de drásticas medidas con el fin de tratar de paliar los efectos de la crisis sanitaria, primero, y la económica, a continuación. En este contexto, ofrecemos un repaso a las cuestiones mercantiles clave más relevantes que deben ser tenidas en cuenta por las empresas en España en los próximos días y semanas.

MERCANTIL

El periodo de marzo a junio ha sido siempre intenso en actividad societaria, pero la aprobación, en particular, del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (el RDL 8/2020), ha venido a alterar los plazos y las formas habituales de mantener las reuniones de los órganos sociales, si bien esta nueva regulación plantea no pocos interrogantes. Además, las relaciones contractuales y comerciales de las empresas siguen en vigor en sus propios términos y los administradores mantienen la obligación de gestionar diligentemente sus empresas. Conviene, por ello, estar atentos en los próximos días y semanas a cuestiones como las que se mencionan a continuación.

1.  Sesiones de los órganos de administración. El RDL 8/2020 pretende facilitar la celebración de sesiones de los órganos de administración a través de mecanismos de comunicación a distancia, o directamente por escrito y sin sesión.  La regulación del RDL 8/2020 para sesiones de consejo de sociedades no cotizadas no contempla todas las posibilidades que existen para la asistencia no presencial (en esta alerta detallamos las medidas urgentes y extraordinarias introducidas por el RDL 8/2020).

2.  Cuentas anuales. El RDL 8/2020 suspende el plazo de tres meses desde el cierre del ejercicio anterior para formular las cuentas anuales.

3.  Junta ordinaria de socios. El RDL 8/2020 ha diferido los plazos para la convocatoria y celebración de la junta ordinaria. En el caso de sociedades no cotizadas no es tan clara la regulación para la asistencia telemática. En el caso de sociedades cotizadas, si hay juntas convocadas y no celebradas, se permite decidir sobre su mantenimiento, posposición o cancelación. El RDL 8/2020, que analizamos aquí, aborda estas cuestiones estableciendo una nueva regulación al respecto.

4.  Otras juntas de socios. Habría que considerar la eventual convocatoria y celebración de juntas generales durante el periodo de vigencia del estado de alarma. El RDL 8/2020 no aclara la legalidad y condiciones de la asistencia no presencial en sociedades no cotizadas

5.  Dividendos. También puede ser conveniente evaluar el mantenimiento de la propuesta de distribución de dividendos (todavía no aprobada por la junta de socios) y los aspectos legales a considerar.

6.  Elevación a público de acuerdos sociales. Aquellas empresas que tengan acuerdos pendientes de elevación a público, conviene que atiendan a las instrucciones del Consejo General del Notariado.

7.  Inscripción registral. Por su parte, el Colegio de Registradores de España ha publicado una guía dando respuesta a preguntas frecuentes sobre la situación de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de España, ante la situación de estado de alarma por el COVID-19

Para cualquier duda, desde Viñas de Roa Abogados quedamos a su entera disposición en:

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El Tribunal Supremo establece que las prestaciones por maternidad están exentas del IRPF

La Sala confirma el fallo del TSJ de Madrid que estimó el recurso de una mujer y ordenó a Hacienda que le devolviera la cantidad ingresada en el IRPF de 2013 por la prestación por maternidad con cargo a la Seguridad Social percibida en dicho ejercicio

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El Supremo dictamina que el cliente y no el banco debe pagar los gastos de las hipotecas

El Tribunal Supremo ha decidido este miércoles que es el cliente y no el banco el que debe hacerse cargo de los gastos e impuestos de constitución de una hipoteca.

El pleno de la Sala primera del Alto Tribunal ha decidido en relación a dos recursos relativos a reclamaciones de consumidores contra cláusulas de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, que atribuían a los particulares todos los gastos e impuestos generados por la operación. Y, en líneas generales, el Alto Tribunal se inclina a favor de la banca, que va a librarse de hacer frente a una devolución masiva de gastos a los hipotecados.

El tribunal ha partido de su propia jurisprudencia sobre la abusividad de una cláusula que, sin negociación y de manera indiscriminada, atribuye en todo caso el pago de los gastos e impuestos al consumidor, a pesar de que la ley, según los distintos supuestos, hace una distribución de los mismos.

La sentencia establece que por la constitución del préstamo, el pago del principal gasto, el del impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, debe seguir corriendo a cargo del cliente, esto es, el prestatario. Por los documentos notariales (el papel timbrado), el gasto sí debe repartirse a partes iguales; y en cuanto a las copias, correrá a cargo de quien las solicite.

Sin embargo, en su sentencia de diciembre de 2015 el Supremo sí dictaminó la “abusividad” de una cláusula que, “sin negociación y de manera indiscriminada”, atribuye todo el pago de los gastos e impuestos al consumidor, a pesar de que la ley hace una distribución de los mismos, y por tanto declaró nulas todas las cláusulas que imponían al cliente todos los costes de concertación del contrato y del pago de todos los tributos en los que el sujeto pasivo es el banco, según informa Europa Press.

En aquella ocasión, la sentencia del Supremo se derivó de una acción colectiva de la OCU, que solicitaba la nulidad de múltiples cláusulas de varios contratos bancarios del BBVA y del Popular.

Por eso, la sentencia de este miércoles del alto tribunal se refería únicamente a quién debía pagar el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y ha estimado sólo parcialmente los recursos de casación interpuestos por los consumidores afectados, dado que ha determinado que el grueso de estos impuestos, relativo a la constitución del préstamo, debe pagarlo el cliente.

100 resoluciones que han marcado 2017 desde el punto de vista jurisprudencial

Un año más en el que los Tribunales han continuado su intenso trabajo en la interpretación de las normas y aplicación práctica del Derecho. A continuación les presentamos cronológicamente una selección de 100 resoluciones que han destacado por su especial interés, trascendencia o novedad.

Más de 6.500 resoluciones dictadas mensualmente por nuestros Tribunales, son procesadas, clasificadas, analizadas y comentadas por el grupo de más de 75 juristas especialistas en los distintos ámbitos del Derecho que conforman el Centro de Análisis de Jurisprudencia de Wolters Kluwer.

En este Centro, que se estructura por áreas temáticas, se seleccionan, de entre todas las recibidas, las sentencias de mayor interés para el profesional que son difundidas en los distintos productos de actualidad jurídica que se editan en Wolters Kluwer.

Además, todo ese trabajo de análisis se utiliza para dotar de información a Jurimetría, la herramienta de analítica jurisprudencial estadística y predictiva desarrollada por Wolters Kluwer conjuntamente con Google. Jurimetríapermite tomar las decisiones procesales de forma rápida a través de indicadores gráficos y visuales, basados en el análisis cognitivo de millones de resoluciones judiciales, desde todos los puntos de vista: duración del procedimiento, argumentación legal del juez o la contraparte, línea jurisprudencial o posibilidad de que un asunto sea o no recurrido.

Ante este ingente volumen de información, es complicado hacer una selección, pero, sin ánimo de ser exhaustivos, los analistas del Centro de Análisis de Jurisprudencia Wolters Kluwer nos hemos decantado por destacar estas 100 como las resoluciones «más relevantes» de 2017 en las diferentes materias.

I. Enero

— Las ausencias por baja maternal y por riesgo durante el embarazo han de computar como días productivos para el cobro de incentivos

En tanto se trata de una suspensión laboral de carácter obligatorio, cuando el empresario no computa dicho período a efectos del cobro de incentivos mensuales está discriminando a la mujer, pues son situaciones que tienen como origen exclusivo el hecho biológico femenino.

Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sentencia 10/2017, 10 Ene. Rec. 283/2015 (LA LEY 495/2017)

— Impedir a una mujer el acceso a las mejoras laborales tras su baja por embarazo de riesgo es discriminatorio

Según el convenio colectivo aplicable, todos los trabajadores a tiempo parcial ostentan un derecho preferente a optar a las nuevas contrataciones con mayor jornada, y al vetárselo a la solicitante tras su reincorporación de la baja, se vulnera el derecho fundamental a no sufrir discriminación por razón de sexo, pues el embarazo es un «factor diferencial» que afecta únicamente a las mujeres.

Tribunal Constitucional, Sala Segunda, Sentencia 16 Ene. 2017. Rec. 2723/2015 (LA LEY 390/2017)

— El TS se pronuncia sobre el derecho de uso de la vivienda familiar a favor de los hijos mayores de edad con discapacidad

Improcedencia de la equiparación a estos efectos entre los hijos menores de edad y los hijos mayores con discapacidad. El interés del menor tiende a su protección y asistencia de todo orden, mientras que el del discapacitado se dirige a la integración de su capacidad de obrar mediante un sistema de apoyos orientado a una protección especial. Una cosa es proteger al más vulnerable y otra distinta imponer limitaciones al uso de la vivienda familiar cuando hay otras formas de protección no discriminatorias.

Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia 31/2017, 19 Ene. Rec. 1222/2015 (LA LEY 597/2017)

— La Audiencia Nacional justifica el despido colectivo de Radio Televisión Valenciana como consecuencia de la supresión de este servicio público

Parece claro que, prevista la supresión del servicio público de televisión por mandato legal, que obligaba a extinguir la personalidad jurídica de la empresa que lo realizaba, la promoción del despido colectivo por los liquidadores de la extinguida RTVV era una consecuencia legal inevitable.

Audiencia Nacional, Sala de lo Social, Sentencia 5/2017, 24 Ene. Recurso 124/2014 (LA LEY 388/2017)

— La justicia europea obliga a los jueces españoles a no aplicar en ningún caso la cláusula de vencimiento anticipado cuando consideren que es abusiva

Los arts. 6 (LA LEY 4573/1993) y 7 de la Directiva 93/13 (LA LEY 4573/1993) se oponen a la disposición transitoria cuarta de la Ley 1/2013 (LA LEY 7255/2013), que establece el plazo preclusivo de un mes, desde su entrada en vigor, para que los consumidores se opongan a la ejecución por el carácter supuestamente abusivo de cláusulas contractuales. Examen de oficio por el juez del carácter abusivo de las cláusulas del contrato. Criterios para determinar el carácter abusivo de las cláusulas de intereses ordinarios y vencimiento anticipado. El juez que ha constatado el carácter abusivo de la cláusula de vencimiento anticipado debe declarar su nulidad y dejarla sin aplicar, aunque el banco no haya hecho uso de ella.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Primera, S 26 Ene. 2017. Asunto C-421/2014 (LA LEY 349/2017)

— El TEAC examina los límites al embargo por Hacienda de las percepciones del turno de oficio

En contra del planteamiento del Departamento de recaudación de la Agencia Tributaria, el Tribunal Económico-Administrativo Central no ve posible embargar íntegramente las percepciones satisfechas por los Colegios a los abogados que han prestado servicios en el turno de oficio y asistencia letrada al detenido, y mantiene un criterio de aplicabilidad a dichos ingresos, en cuanto forman parte de su actividad profesional, de los límites establecidos en el artículo 607 LEC (LA LEY 58/2000) para sueldos y salarios.

Tribunal Económico-Administrativo Central, Resolución 31 Ene. 2017. Rec. 3517/2016 (LA LEY 716/2017)

— El Supremo admite como prueba para el despido el uso de las imágenes ca… Read More >